LEY 10.405

TRANSCRIPCION DEL DEBATE PREVIO
A LA APROBACION DE LA LEY 10.405
SENADO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
25/7/85

DIARIO DE SESIONES
JULIO 25 DE 1985
Senado de Buenos Aires
10º Sesión Ordinaria

Sr. Presidente - En consideración en general.
Tiene la palabra el Senador Moure.
Sr. MOURE - Deseo fundamentar el proyecto de ley sobre ejercicio profesional y colegiación de los arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
Hace a la obligación y responsabilidad de esta Honorable Cámara, señor Presidente, revisar detenidamente los diferentes proyectos entrados en la misma. Algunas propuestas afectan el interés común y otras son factores vinculantes, que merecen de nuestra parte un análisis puntual, profundo y, consiguientemente, debemos promover las adecuadas consultas del caso para no avanzar sobre sectores o intereses que podrían quedar vulnerados.
Por estas razones, esta Honorable Cámara demoró casi diez meses el tratamiento de la Colegiación de Arquitectos para la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto tuvo entrada en septiembre de 1984, pero vistas las repercusiones que el mismo tenía, y las implicancias que poseía, creímos oportuno realizar reiterados encuentros entre todos los profesionales vinculados a la ingeniería, la arquitectura y sus áreas de acción, áreas que desde tiempo atrás se rigen por las normas de la Ley 5140.
Precisamente, como consecuencia de esta normativa y sus resultados, bregaron los Arquitectos durante una década para lograr su autonomía, colegiándose; autonomía, repito, que nosotros queríamos considerar, toda vez que la operatoria colegial de esta profesión no interfiera las competencias de otras profesiones complementarias.
Observen ustedes, señores Senadores, que estos profesionales, Ingenieros, Agrimensores, Técnicos, Maestros Mayores de Obras y Arquitectos, con sus respectivos niveles de formación profesional, se entrecruzan, se necesitan, se complementan. Estas profesiones responden todas a un claro objetivo de crecimiento concreto: allí están nuestros barrios, nuestras avenidas, nuestra infraestructura física individual, familiar y colectiva.
Atento entonces a esto, señor Presidente, atento a la interacción o a la complementaridad de las mismas, era razonable revisar, considerar y consultar respecto de una propuesta colegial de esta naturaleza, propuesta que evitará vulnerar la incumbencia de otras profesiones tan dignas y relevantes como la de los Arquitectos , que han sido, siguen siendo y serán quienes plantean, ejecutan y controlan la construcción de nuestras casas, de nuestros modestos hogares, de nuestros barrios y, fundamentalmente de esta zona geográfica con caraterísticas tan especiales, como es la llamada zona del Gran Buenos Aires.
Relatar la historia del tratamiento de este proyecto, señor Presidente, nos llevaría a comentar innumerables alternativas que no vienen al caso hoy describir. Lo que si vale mencionar en esta fundamentación es que la norma en cuestión llegará a un conjunto de 9.000 profesionales Arquitectos en la provincia de Buenos Aires. Asimismo refiriéndome al proyecto original, quiero manifestar que el mismo sufrió una modificación en virtud precisamente de la interrelación que deseamos procurar sin afectar las otras profesiones mencionadas.
Estas modificaciones no invalidan el aspecto jurídico constitucional del despacho que estamos tratando. Por el contrario, nos pone a cubierto de algún exceso que el legislador debió remediar.
También vale advertir que esta colegiación a dictar no debe servir para resolver supremacías , sino más bien , por el contrario , vale como aporte al sistema democrático que busca conciliar y concretar partes, según un mejor y más controlado funcionamiento de las profesiones.
Deseo agregar, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Legislación Social, dos aspectos a destacar con respecto a las discusiones desarrolladas para la presentación del despacho. Primero: quiero poner de relieve la constancia y el buen nivel doctrinario y de defensa del sector puesto de manifiesto por parte de los señores Arquitectos. Segundo: la excelente disposición y ayuda para la dilucidación del tema por parte de los Ingenieros, Técnicos y Maestros Mayores de Obras. Estos últimos a veces con pasión e igual constancia que los Arquitectos, reaccionaron con dignidad y respeto hacia nuestras investiduras.
Estas conversaciones están dando, señor Presidente, como corolario, el pronto tratamiento de la colegiación de los Ingenieros, Ingenieros Agrónomos, Técnicos y Maestros Mayores de Obras.
Nos hemos comprometido a tratar este proyecto con preferencia en la sesión de la fecha. Esto llevará inevitablemente, por supuesto, a las consultas y conversaciones del caso, y espero que las circunstancias no provoquen demoras como las que se han producido con relación a este tema. (Aplausos en palcos y galerías).
El despacho aprobado por unanimidad aconsejando la aprobación del proyecto de ley sobre la creación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires reconoce fundamentos de tipo político-doctrinario, jurídico y práctico.
En lo que hace al primero de ellos cabe destacar que los señores senadores que estamos participando del estudio en Comisión de este proyecto de Colegiación, así como del de Sociólogos, Psicólogos, profesionales de las Ciencias Naturales, Agrimensores y Kinesiólogos reconocemos en las agrupaciones intermedias entre el Estado y el pueblo dotadas de un poder real que las habilita para la toma de decisiones en los asuntos que son de su competencia, uno de los más eficaces instrumentos para neutralizar los efectos de la acumulación innecesaria -y a veces nefasta- de poderes por parte del Estado, que es un rasgo característico de la sociedad contemporánea.
Desde el punto de vista individual, en cuanto permite a sus componentes reencontrarse con su sentido de responsabilidad en el quehacer colectivo decimos que incentiva la participación en la vida comunitaria, constituyendo de este modo un excelente reaseguro del sistema democrático, además de su indudable importancia en la defensa de los intereses del sector que representa.
Pero es el resguardo del interés común lo que primordialmente nos lleva, como legisladores, a propiciar la formación de estos colegios profesionales en el ámbito de nuestra Provincia, a la delegación de atribuciones y facultades eminentemente estatales que hacen al poder de policía en estas personas jurídicas de derecho público no estatal, en cuanto se les atribuye por ley potestades disciplinarias sobre sus miembros, con gobierno de la matrícula y organizados sobre la base de la agremiación obligatoria.
Es el interés común, señor Presidente, el que nos lleva a sostener la necesidad de descentralizar el ejercicio del poder de policía sobre las profesiones liberales, distribuyéndolas en Colegios que aseguren mayor acierto y eficacia en la gestión de los negocios públicos.
De esta manera, lo que estamos haciendo es seguir una vigorosa tendencia legislativa reflejada en las leyes 5177 de ejercicio y reglamento de las profesiones de abogado y procurador de la Provincia, 6.788, del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, y la 7.195, reglamentando el ejercicio de las actividades de los graduados en Ciencias Económicas. Del mismo modo, la ley Notarial 9.020; la 8.291 del Colegio de Bioquímicos, el Decreto Ley 4605/58, y creando el Colegio de Veterinarios en nuestra Provincia y el Decreto 5.373/45, de creación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Sin duda las leyes y normas mencionadas otorgan a los Colegios facultades de índole administrativa-legislativa o para legislativa, que son de competencia provincial, pero no entrañan una delegación de poderes, prohibida por nuestra Constitución Provincial.
En tal sentido, solicito que se permita hacer mención a un categórico pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de la ciudad de Rosario contra Sialle, Mario"donde sostuvo que: a)"...la función de gobierno atribuida por las constituciones a los poderes que organizan en sus respectivas jurisdicciones no exige como condición esencial su ejercicio centralizado... en el caso de las profesiones, la descentralización ha sido impuesta por el desmesurado crecimiento del número de diplomados cuya actividad está sujeta al control directo del Estado, de las dos soluciones para cumplir las función de policía: la creación de nuevos y numerosos Organismos administrativos o la atribución del gobierno de las profesiones a los miembros de cada una de ellas regularmente constituida dentro de las normas establecidas por el propio Estado, ha sido preferida esta última. La experiencia demuestra que los Organismos profesionales -y estoy leyendo textual el fallo de la Corte Suprema- en los cuales se ha delegado el Gobierno de las profesiones con el control de su ejercicio regular y régimen de disciplina, son prenda de acierto y seguridad". Esto está trascripto de la revista "La Ley". tomo 87.Pág. 701.
En nuestra Provincia, señor Presidente, los colegiados por profesión ya creados son sin duda una verificación de estos conceptos. Sus componentes, interesados directamente en el prestigio de la profesión y en el correcto ejercicio de la misma, han ejercido y ejercen un control permanente con la mayor responsabilidad.
He expresado estas consideraciones -y habrá sin duda muchos otros argumentos que serán aportados por otros señores Senadores para el tratamiento de este despacho- el ejercicio de las facultades conferidas por los siguientes artículos de la Constitución Nacional: 104, donde se expresa: "Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal"; y 107, y los siguientes artículos de la Constitución Provincial : 1º y 32 donde se expresa: "...quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales" y el art. 90 inc. 13, que establece "Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones, y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no correspondan privativamente a los poderes nacionales".
Por todos esos motivos, señor Presidente, es que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de ley en tratamiento sobre Colegiación de Arquitectos en la Provincia de Buenos Aires (Aplausos en palcos y galerías).
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el sr. Senador D'Agostino.
Sr. D'AGOSTINO.- Sr. Presidente, sres. Senadores: la función del legislador es cumplir con el mandato histórico y popular al que con su voto la ciudadanía enaltece y dignifica, cumpliendo esta función esencial que es nada más ni nada menos que la sanción de las leyes.
Las leyes enaltecen a los pueblos en cuanto son la vida espiritual y material de los mismos y representan su sentir.
En este camino hoy, desde la Provincia de Buenos Aires, vamos a dar sanción a una norma que no trata de perjudicar a ningún sector, sino que va a ser acompañada de otras que van a traer justicia a los profesionales de la Ingeniería, dándoles seguridad y certeza al ejercicio de sus profesiones.
Esa es por lo menos la función esencial que nos preocupa a nosotros los legisladores del Movimiento Nacional Justicialista, y que también creo que tal principio es compartido por los legisladores del oficialismo, para de esa forma dar seguridad jurídica a todos los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires.
En mi carácter de miembro informante del Partido Justicialista, y como afirmante del Proyecto en tratamiento quiero clarificar a las personas que se encuentran en este Honorable recinto y a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, respecto de una serie de temas esenciales y básicos referente el proyecto de ley en tratamiento. En este sentido cabe preguntarse: Por qué legislamos en materia de ejercicio profesional y colegiación de un determinado sector? Legislamos porque es una atribución contemplada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en su artículo 32 establece que es la Legislatura el cuerpo específico que debe regular el ejercicio de las profesiones. También así lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos y en especial el que lleva el nº 199.483. De acuerdo con el mismo, la colegiación obligatoria no aparece como una imposición caprichosa y arbitraria del legislador, sino que está dentro de la potestad de policía que en nuestra estructura federal- como lo ha precisado el sr. Senador preopinante- la cual se encuentra contemplada en el art. 104 de la Constitución Nacional. En tal sentido, las provincias, como entes autónomos, se han reservado una serie de poderes entre los que se encuentra el poder de policía en cuanto se refiere a su ejercicio y competencia.
Tratar un proyecto de colegiación profesional, cualquiera sea la profesión de la que se trate, no hace más que continuar con una larga práctica entre cuyos jalones se encuentran las leyes 5.177, de ejercicio de la profesión de abogado, 5.146 de médicos, 6.681 de farmacéuticos, 7.195 de ciencias económicas, 9.944 de odontólogos, 8.271 de bioquímicos, 9.686 de veterinarios, la sancionada en la sesión próximo pasada en esta Legislatura, que se refiere a los sociólogos y aún el caso del proyecto de ley-que tiene media sanción de esta Cámara- y que regularía el ejercicio de la profesión de los psicólogos.
De acuerdo con la política legislativa adoptada, tal como se expresa en el art.32, nos limitamos a legislar sobre el ejercicio de la profesión y no sobre las incumbencias. Este es un principio básico que tenemos que precisar, y delimitar. Nuestra tarea legislativa se limita al ejercicio de la profesión en lo referente a la matriculación, el poder disciplinario y el contralor del ejercicio profesional.
Asimismo, queremos fundamentar desde un punto de vista doctrinario o ideológico, por qué somos colegialistas, por qué defendemos la colegiación.
En todos los países del mundo existe la colegiación. Es ella una creación de los hombres que aman la libertad, que no quieren que un mandón de turno les deniegue el ejercicio y la habilitación profesional. Son los colegiados los que quieren que la ética de las conductas sea juzgada por sus propios pares y no por un mandón de turno-repito- que lo hace en forma injusta, ilegal y arbitraria.
La colegiación legal de ninguna manera es un privilegio sino que es un derecho y un deber que corresponde a cada profesional. No ataca el principio de la libre asociación sino que, por el contrario lo defiende tal como resulta, por ejemplo, del artículo 21 de la ley 5.177, ue regula el ejercicio de la profesión de abogado, que preceptúa que estos podrán ejercer libremente el derecho de asociación y el de agremiarse con fines útiles, principios que también recoge el proyecto de ley en tratamiento en su art. 13, que después analizaremos.
La colegiación de ninguna manera supone la autonomía corporativa, sino que lucha por el estado de derecho y democracia social. No es corporativo por su propia filosofía y contenido.
La colegiación legal es respetuosa de las autonomías provinciales. No constituye un sindicato ni tiene afiliados, sino que es una colegiación constitucional y legal, que impulsa a la participación de un profesional en un colegio determinado y no a la deserción y a la no participación de los mismos.
Todos los principios que estoy enumerando en torno a la colegiación legal fueron sostenidos por el Primer Congreso Nacional de Entidades Profesionales, realizado en octubre de 1980 y en el que intervinieron 235 instituciones. En su transcurso, repito, se han cristalizado y sentado las bases de estos principios.
Un Colegio Profesional es, al decir del profesor Benito Pérez, una persona jurídica de derecho público no estatal, y lo es por la naturaleza de su objeto y finalidades. Otros dos juristas de la talla de Augusto M. Morello y Roberto Berizonce han sostenido que son "entidades de derecho público"o "entidades paraestatales"en lo que se refiere a su caracterización. Para dar un concepto de los mismos nos dice el doctor Benito Pérez en el sentido que es un régimen de organización que tiene por objeto la agrupación de personas privadas en base a la comunidad de intereses privados, para cuyo desempeño obtiene un reconocimiento oficial, asumiendo la defensa de un interés público y adquiriendo un carácter institucional.
La colegiación profesional obligatoria constituye, siempre al decir del profesor Benito Pérez, un estatuto de derecho público formado sobre la responsabilidad de común de sus miembros en función de la defensa del ejercicio profesional y de un interés público basado en el principio de la solidaridad social, inspirado en una acción comunitaria en beneficio de todos sus integrantes.
Entonces, cuáles son las características de estas instituciones profesionales? Son personas jurídicas de derecho público no estatal, fundadas en la libre iniciativa individual de base asociativa. Son institucionales porque son creadas por el estado por medio de una ley, cuya instrumentación legal de carácter forzoso y obligatorio determina las competencias expresas y las libertades del colegio, y el control de su patrimonio público y de los fines públicos que deben tener.
Por todo ésto, que está fundamentado en los principios a que me referí, es necesario aclarar que en manera alguna un Colegio Profesional significa una asociación de tipo corporativo. Las corporaciones existieron en toda la historia de la humanidad. En Roma, por ejemplo, estaban los "colegium oficium", en Alemania existieron en la primera etapa de los reinos germánicos las guildas, fundadas por el Estado. Existieron también a lo largo de todo el ciclo histórico que culminó con la Revolución francesa, donde las corporaciones de oficio tuvieron realmente funciones conciliatorias entre el capital y el trabajo. Todas ellas fueron abolidas con la revolución francesa, en 1789, por el Edicto de Turgot y la Ley Chapelier. A partir de ahí comienza la etapa de los partidos políticos, pero que no aparecen como formas de participación económica y social. Es decir, con el estado moderno, nacido de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa surgen los partidos políticos pero no existen formas de representación social y económica en esos sistemas políticos.
Quizás uno de los equívocos más perniciosos de nuestro tiempo sea el de identificar a la democracia con el liberalismo. Hoy existen formas de democracia social, donde hay nuevas formas de representación política, social y económica en las ideas y en la organización de los sistemas políticos.
Vale decir, que todo un nuevo panorama confluye en la sociedad contemporánea, que nosotros, desde nuestra profunda y permanente convicción ideológica, denominamos la Comunidad Organizada, en la que desde abajo y hacia arriba hay nuevas formas de participación política, social y económica llamadas instituciones libres del pueblo, sobre las cuales podría abundar en profundidades mi compañero de bancada sr. Senador Gauna, que es un especialista en el tema de las formas de participación en materia de creación de instituciones libres del pueblo que conforman una comunidad organizada, en la que los justicialistas creemos como forma de creación espontánea y natural, son las propias comunidades del hombre como la misma familia o los distintos grupos intermedios que, con el correr del tiempo, se han ido creando entre el individuo, por un lado, y el Estado por el otro.
La diferencia que existe con una organización corporativa es, precisamente, que estas organizaciones intermedias de trabajadores -cualquiera sea su tipo-forman parte institucional de la estructura del Estado. Es decir, la corporación aparece, de este modo, formando parte del Estado como una parte más de sus instituciones. La diferencia surge a la vista:.los Colegios Profesionales no forman parte del Estado, si bien, claro está, tienen un carácter y naturaleza jurídica peculiar en la medida que son personas jurídicas no estatales; no forman parte del Estado como instituto de carácter profesional.
Las formas corporativas-por formar parte de la estructura del Estado-responden a intereses o formas de gobierno de tipo totalitario no democrático. A modo de ejemplo, podemos citar las experiencias históricas de la Italia de Benito Mussolini, del Portugal de Oliveira Zalazar, Alemania de Adolfo Hitler o la España de Francisco Franco.
Las formas corporativas totalitarias se contraponen a las formas democráticas representativas de carácter social, en fin, al proyecto de comunidad organizada.
Como decía anteriormente, estos proyectos corporativos, totalitarios, nacen respondiendo a intereses y filosofías antagónicas en tanto y en cuanto no nacen de forma espontánea, voluntaria o naturalmente, como lo hacen las instituciones libres del pueblo impulsadas desde el mismo pueblo y no preconstituidas por el mismo Estado. No hay coacción o fuerza en su constitución. En la comunidad organizada su gestación no es de arriba hacia abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba.
Otro de los grandes temas que se suscitan con respecto a esta cuestión que estamos hoy tratando es el relativo a si los Colegios Profesionales pueden o no ejercer funciones gremiales.
Con profunda humildad creo que se trata de una cuestión de tipo ideológico y legal y me adelanto a dar un sí ideológico porque para nosotros el gremialismo es una actividad natural en la comunidad organizada. Para ellos no hay gremialidad relativa, hay gremialidad en todo sentido.
He tenido el honor de participar en algunas luchas en la Asociación Gremial de Abogados y en el Sindicato de Abogados peronistas, las que me han permitido sostener, sin temor a equivocarme, que dichas entidades forman parte del proyecto de comunidad organizada.
Entendemos que no puede hacerse discriminación entre gremialidad absoluta y relativa.
Todos los Colegios Profesionales como el de Abogados con su ley 5.177, o el de Químicos con su ley 7.020, Odontólogos con su ley 9.944 o Veterinarios con su ley 9.686, permiten a estos profesionales ejercer funciones gremiales y ejercer en los hechos el derecho constitucional de agremiarse y asociarse, con la única exigencia de la utilidad en sus fines, tal como prevé el art. 13 del proyecto de ley en tratamiento. Todas las leyes que he enumerado contemplan la posibilidad de asociarse y agremiarse con fines útiles para sus profesiones.
Se ha argumentado erróneamente que estas funciones gremiales, en la defensa de sus intereses particulares de los profesionales se contrapondrían al interés general, al bien común. En este sentido, la I Convención Nacional de Entidades Profesionales al referirse al tema de la colegiación, ha sostenido: "Tendrán a su cargo la defensa de los derechos y la promoción de sus intereses específicos con las atribuciones y los medios necesarios para el desempeño de sus funciones salvando la prioridad del bien común y del interés general".
Otro de los temas vinculados a esta cuestión que estamos considerando, es el que se refiere a las incumbencias profesionales. En esto, solicito a la Honorable Cámara una especial consideración, porque creo que tenemos que dejar bien claro esta noche lo que se quiere significar cuando hablamos de incumbencias profesionales.
Tenemos por un lado el tema de las incumbencias y,por el otro, el que se refiere al ejercicio práctico de una profesión.
La incumbencia es, conceptualmente, aquella función profesional habilitada a realizar mediante la obtención de un título profesional. Son las funciones profesionales que habilita un título universitario el cual determina su alcance y límites profesionales.
La determinación de la incumbencia responde al propósito de establecer un ordenamiento que permita determinar o fijar responsabilidades y garantías en el ejercicio de la profesión en beneficio de los intereses públicos.
Desde el punto de vista constitucional, el capítulo IV art. 67 inc. 16 de nuestra Carta Fundamental, impone al Congreso "proveer lo conducente a la prosperidad del país...y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria..."
En base a ello los organismos específicos, es decir las universidades y en su defecto, las altas casas de estudio, van a certificar la idoneidad al otorgar un diploma que así lo establece, y en ese diploma está determinada la función para que habilita el título, su alcance y límites.
Es decir, que son las autoridades nacionales, por este artículo 67 inc. 4 trátase de las universidades y altas casas de estudio quienes determinan las incumbencias profesionales, por ende, se desprende que la Honorable Legislatura bonaerense no tiene facultad alguna en materia de incumbencias. Nosotros nos ceñimos estrictamente a la temática del ejercicio de la profesión específicamente.
En ese sentido, el ejercicio de la profesión está jerarquizado constitucionalmente en el artículo 32 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires cuyo apartado segundo lo he expuesto precedentemente. Por este artículo, la Legislatura tiene la facultad de fijar las pautas por medio de una ley general e igualitaria y el Poder Ejecutivo podrá reglamentar el ejercicio de una determinada profesión.
Pero esta facultad de ley o de reglamentación en lo que respecta al Poder Ejecutivo mismo, se refiere a las condiciones en que las funciones de esa profesión serán ejercidas, es decir, matriculación, registro de firmas, deberes, derechos, poder disciplinario, etc.
Es por eso que el ejercicio de una profesión está condicionado por dos aspectos: por un lado en el orden nacional, por la incumbencia y, por el otro, por los organismos de control específicamente determinados.
Es decir, que nosotros hoy vamos a sancionar esta norma y, lo decimos públicamente, esta norma no puede tocar la incumbencia, trátese de un ingeniero, de un agrónomo, de un maestro mayor de obras o de un técnico. Esa no es competencia nuestra sino de las autoridades nacionales.
Lo que nosotros nos limitamos a hacer, por este proyecto de ley, es contemplar dos aspectos: en primer lugar el ejercicio de una profesión, y en segundo lugar, la creación de un colegio profesional.
En este sentido, queremos dejar expresa constancia que no queremos afectar a ninguno de estos sectores de interés, inclusive, con cierto cariño, por el pasado de justicialismo que, mediante una ley nacional, dignificó a los técnicos y les dio, en el gobierno justicialista...
Aplausos en los palcos.
...la jerarquía y la dignidad que los mismos merecen, y que hoy, queremos respetar con ese compromiso que hemos asumido. La bancada del oficialismo y la del partido justicialista, en dar un tratamiento preferencial en el curso de un tiempo breve, para poder sancionar la norma que complete su ejercicio y su colegiación.
Aplausos en los palcos.
En ese camino también queremos recordar que después de ese interregno, que comienza en el siglo pasado cuando Ernesto Bunge dio su reválida de su título de arquitectura en la Facultad Nacional de Buenos Aires, y después se creara una Facultad de Arquitectura en el año 1912, la cátedra de arquitectura que recién en 1948, también en un gobierno justicialista, comenzó a tener esa profesión de carácter de carrera con un plan de seis años que fuera instrumentado definitivamente en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el año 1956.
En ese sentido queremos también como coautores de este proyecto, determinar cuál es el tratamiento que le debemos dar a este proyecto de ley que regule el ejercicio de la profesión de arquitecto y su respectiva colegiación.
Esta rama del saber tiene su autonomía que está dada, por supuesto, como todo saber de conocimiento científico, en la plenitud y vigencia de una autonomía, de una disciplina que se basta a sí misma como elemento esencial, esta autonomía se orienta hacia tres planos o dimensiones: la autonomía didáctica, la autonomía científica y la autonomía legislativa.
Tiene autonomía didáctica porque, como bien se ha precisado, se fundamenta en la existencia de facultades, escuelas o institutos docentes donde se imparte la enseñanza de la arquitectura. Esto presupone planes de estudio, programas y una comunidad integrada por profesores, alumnos y autoridades que demuestra la presencia de enseñanza de una rama del saber que ya tiene su historia en el país. Ya en 1878 Ernesto Bunge y en 1879, como extranjero, revalidó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas su título de arquitecto. En 1828 se crea la primer Sociedad de Ingenieros fundada por Vicente López y Planes y después en 1865, ya en la carrera de ingeniero se contaba con una materia como dibujo arquitectónico y en 1886 se creó la sociedad de arquitectos. A partir de entonces, esa disciplina fue adquiriendo autonomía didáctica y en 1901 se instaló la escuela de arquitectura. En 1923, se creó una facultad de arquitectura que recién en 1948 se conformó en un plan de estudios de seis años y en forma automática en 1956. Hoy esa autonomía tiene quince institutos universitarios públicos y privados que fundamentan una rama de enseñanza: en Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Tucumán, Rosario y otras ciudades. Esa autonomía científica está dada en una rama del conocimiento que tiene un objeto y un método, un objeto que somete a juicio un procedimiento por el cual se llega al conocimiento de un saber científico, de una rama de la enseñanza que desde sus orígenes fue un arte en los comienzos de la humanidad para transformarse después en una técnica y en la evolución de la civilización y en el contexto contemporáneo de un saber científico expresado en un análisis arquitectónico y en una metodología de la planificación que es fundamental en el hábitat humano de la sociedad contemporánea.
También tiene autonomía legislativa por la existencia de un instrumento legal para asegurar la habilitación de un ejercicio de una determinada profesión. En este sentido, existen colegios de arquitectos en todos los países del mundo y también en nuestro país.
Existen en las provincias argentinas dos referencias legales como son las colegiaciones de arquitectos de Córdoba y Catamarca.
En el análisis exhaustivo del proyecto de la ley en tratamiento, desde el punto de vista de la esencia y de la estructura de su técnica legislativa, el proyecto constaba de 84 artículos que han sido reducidos a 82, en cinco títulos. En ellos se determina las dos partes: el aspecto legal de una profesión y su ejercicio, y la creación de un colegio profesional. En el título I se establece el tema del ejercicio profesional y en su artículo 1º se enuncian los requisitos para esa colegiación con la exigencia de un título universitario, la matrícula del colegio y la cumplimentación de la cuota anual. En los artículos 3º y 6º se determinan las condiciones para el ejercicio profesional. En el capítulo segundo se contemplan aspectos referentes a la inscripción en la matrícula, cancelación de la misma, de acuerdo al principio establecido en el artículo 13. Se reconoce la libertad de asociación y agremiación de los arquitectos que es sostenida por todas las normas de colegiación de la Provincia de Buenos Aires. En el capítulo tercero se establecen los derechos y deberes en once incisos respecto de los intereses específicamente profesionales. En el capítulo cuarto se establece el régimen disciplinario, con un poder disciplinario que sirve para sancionar las transgresiones a la ética profesional y estableciendo conductas que pueden ser incriminadas en caso de incumplimiento.
El Título II de este proyecto de ley crea, por su artículo vigesimoquinto, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires con personería jurídica de derecho público, y a lo largo de veintidós incisos, en el artículo siguiente se establecen cuáles son las atribuciones que debe tener este colegio profesional, y en los artículos subsiguientes se determinan sus autoridades que son una Asamblea, un Consejo Superior y un Tribunal de Disciplina, en el capítulo cuarto se trata del Consejo Superior, en el quinto del Tribunal de Disciplina, en el sexto del régimen electoral, en el séptimo del régimen financiero. El título III legisla acerca de los Colegios de Distrito, el título IV se refiere a las Disposiciones Complementarias y el título V a las Disposiciones Transitorias.
Para terminar sr. Presidente, creo que es fundamental comprender que en el mundo contemporáneo el arquitecto debe ser un creador del cuadro de la vida del hombre. Es importante determinar que su función social es la de estimular el desarrollo global, psíquico y espiritual del individuo y de la sociedad.
El arquitecto cumple su misión cuando crea modelos arquitectónicos y funcionales de desarrollo nacional, regional y local, sobre la base de una pauta socio-cultural apropiada.
En ese mundo, la vivienda cumple una función primordial; ha sido y será siempre una necesidad elemental del hombre. El arquitecto deberá brindar sus esfuerzos para que todo ciudadano pueda asegurarse una vivienda decente y confortable, para que sea eliminada la especulación y para la creación de programas de complejos habitacionales..
Estos profesionales que deben cumplir un rol tan importante están hoy aquí, representados especialmente por la Federación de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, hermanados en una actitud de silencio y espera ante un Senado de la Provincia de Buenos Aires que procura lograr satisfacer sus intereses e inquietudes, que redundarán en el bien común y en bienestar de los profesionales de esta actividad científica.
En este sentido, el arquitecto no deberá considerar sólo los problemas inmediatos, sino que deberá pensar en la evolución en perspectiva de la sociedad, en sus necesidades e intereses permanentes, no sólo está llamado a resolver problemas concretos de su promotor, sino a encontrar la solución a los problemas globales y comunes, funcionales, ideológicos y espirituales del mundo de hoy y del mañana. El arquitecto debe darle un sentido a la vida, embellecerla, y hacerla más agradable; cada obra arquitectónica nueva debe contener un significado festivo, refleja la armonía de la naturaleza y de su producto más sublime que es el hombre.
En este camino queremos hoy prestar nuestro voto favorable al presente proyecto de ley en tratamiento, para que se cumpla con un principio que consideramos básico, desde el punto de vista ideológico, en el contexto de una comunidad organizada, que es la colegiación de las actividades o profesionales que, verdaderamente, deben tener jerarquía en un cuerpo determinado que atienda a la defensa de sus intereses y derechos, que asegure el juzgamiento de la ética de sus pares, que prevea el control de su matrícula.
Con la sanción de este instrumento legal se va a jerarquizar, hoy, a un sector pero en días más se jerarquizará a todos aquéllos que esperan la sanción de una norma que los ampare, con ello cumpliremos con los principios de igualdad y justicia, combatiendo los privilegios y trayendo a los argentinos felicidad y paz para que se cumpla con la sentencia inexorable de una justicia social compartida y distribuida a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.- Aplausos
Sr.Presidente.- Tiene la palabra el sr. Senador Pozzio
Sr. POZZIO.- Quisiera intervenir en la cuestión, sr. Presidente, como cofirmante de este proyecto.
Creo que los miembros informantes que han preopinado fueron claros y se extendieron acerca de las razones de índole histórica, constitucional y otras que hacen a la fundamentación de este proyecto.
Sin perjuicio de ello y tratando de ser breve, creo que es importante puntualizar algunas cosas.
Recién me hacía una reflexión una vez más: qué linda e importante es la democracia. Fue a raíz de una pretensión de hondo contenido democrático que se puso en funcionamiento este sistema que es el único que garantiza la participación en definitiva dentro del marco del estado de derecho y por la dignificación del hombre.
Hemos defendido este proyecto porque apenas comenzado su estudio entendimos que se trata de una causa justa y lo voy a explicar.
Al referirme a que es una causa justa, tal como lo expresó el sr. Senador D'Agostino por parte del justicialismo, también lo sentimos así y lo sentimos desde la óptica del radicalismo. Esto para nosotros no constituye un privilegio o interés del sector, sino que significa ser coherente con una posición política filosófica doctrinaria de nuestro partido en defensa del bien común.
Siempre hemos defendido a ultranza la democracia y es por ello que, a veces, hemos recibido términos grotescos e injuriosos. Se han mezclado muchas veces las cosas, pero siempre hemos afirmado la democracia social y participativa. Evidentemente, este proyecto de ley en tratamiento, hace a la esencia de la democracia participativa, lo ha señalado el Senador D'Agostino con toda claridad, diferenciando lo que significa el estado corporativo a lo que pueden ser funciones corporativas en la sociedad. Todo ello fue señalado por el radicalismo y hemos dado muestras al respecto, no solamente con posiciones doctrinarias y plataformas políticas, sino con actitudes militantes. Hemos tenido el privilegio y oportunidad de integrar el Colegio de Abogados de La Plata, donde siempre hemos ratificado esta política en defensa de la colegiación. Vivíamos en la época del proceso, período durante el cual firmamos hábeas corpus hacia personas que habían sido detenidas ilegalmente o desaparecidas. Nuestras instituciones colegiales nos han permitido actuar en aquel período tan difícil en defensa del sistema democrático.
Todo ello significa que el radicalismo, al establecer o acceder a este proyecto, y lo dejo bien en claro, como lo expresó el sr. senador D'Agostino, no se está defendiendo intereses del sector ni privilegios, sino que entiendo, se trata de consolidar una política legislativa.
Como ya se expresara, esta iniciativa tiene su antecedente en la ley 5.177 de colegiación de abogados, que inicia una política legislativa provincial que es también, de algún modo, política legislativa patrimonio de esta Honorable Cámara. Ya con anterioridad hemos tratado, hemos sancionado la ley de sociólogos, y hemos dado media sanción a la ley de psicólogos. Se encuentra en comisión los proyectos de ciencias naturales, y como se dijo también, tenemos que trabajar para acceder a la reinvindicación de los técnicos, maestros mayores de obras e ingenieros.
Vale decir, sr. Presidente, que en ningún caso se trata de defender intereses de un sector, o crear mini-colegios por especialidad, sino que se trata de beneficiar al interés público y al bienestar general. Se trata en cada caso, de aceptar la responsabilidad resultante de un universo profesional, cuantitativo y cualitativo, que obliga a su reconocimiento sin perjuicio de la labor interdisciplinaria y fundamentalmente orientada al bien común, esencia de la colegiación.
Bien lo dijo el sr. Senador D'Agostino. Esto hace a la esencia del estado moderno. Y me voy a permitir transcribir una obra escrita, en Jurisprudencia Argentina, por los doctores Morello y Berizonce, que se titula "Las Entidades intermedias y los desafíos del presente"donde han expuesto párrafos con total claridad, sobre la necesidad de estos colegios profesionales en la democracia moderna.
Dicen así: "Es que la organizaciones paraestatales se conciben no como una regulación privilegiada para beneficio y ventaja de un grupo sectorial, sino como una verdadera y real necesidad del estado contemporáneo. Institucionalmente, porque se requieren interlocutores válidos que no pueden ser los individuos aislados, "los sueltos"ni los anárquicos, sino el grupo organizado que articula los intereses del sector y cuya opinión se expresa a través de sus legítimos representantes. Funcionalmente por la imposibilidad de hecho en que se encuentra el estado para resolver por sí solo la vastedad de los complejos problemas que debe afrontar en su misión de satisfacer el bien común y que llevan a requerir la colaboración de esos grupos organizados"
Creo que está definido con toda claridad que no se trata simplemente de preservar un privilegio de sector, sino la de cubrir una propia necesidad del estado moderno.
Es importante rescatar el concepto que hace a la democracia participativa. Se necesita el protagonismo en todo lo referente a los intereses de los sectores, en este caso profesional, con sus pares; pero, por razones de interés público, esto en definitiva no hace más que consolidar el estado de derecho, porque esta responsabilidad se da, se traslada a las entidades intermedias, el gobierno de la matrícula, el poder disciplinario y el gobierno del ejercicio profesional.
Esta idea de la participación a través de los propios intereses hace a la esencia y preserva el bien común, que siempre frente al interés del sector es el que debe prevalecer.
Esta idea de la participación democrática de las entidades intermedias se institucionaliza preservando el bien común. Genera por sobre cualquier interés de tipo sectorial, garantizando la democracia interna de estas entidades, que garantiza a su vez el comportamiento democrático de las mismas, como valla insalvable de todo intento de tipo corporativo.
Si bien es cierto también que el Estado en estas entidades intermedias parte de sus facultades, parte de su poder de policía, lo hace siempre en defensa del interés común. Es por ello que hay una zona de reserva y esta zona de reserva se da en aquellos supuestos donde se puede dar la colisión entre el interés particular y general. Es decir, el Estado se reserva todo aquello que hace a las incumbencias profesionales y la fijación de aranceles.
Quiere decir, sr. Presidente, que no estamos aquí haciendo una reivindicación de sector, sino reconociendo los derechos de un sector que se compadece con el bien común y afianzando estas organizaciones intermedias, colchones imprescindibles entre el estado y el individuo para que a través de sus cuerpos orgánicos constituyan una descentralización administrativa de las funciones del estado que nada tiene que ver con el estado totalitario.
En este sentido, creo que ha sido clara la posición histórica de la Unión Cívica Radical. Por eso mi insistencia en que no estamos aquí obrando como abogados de nadie, sino reconociendo con responsabilidad de legisladores aquellos intereses de sector que atienden fundamentalmente al bien común.
El Sr. Senador D'Agostino fue totalmente preciso en las razones históricas y en la descripción estructural de la propia ley. Fue preciso en realidad, diría yo, en la comprensión total del tema que tratamos. Eso nos exime de mayores comentarios, pero voy a hacer hincapié en que cuando hablamos de la necesidad del reconocimiento de este universo profesional cualitativo y cuantitativo, ponemos el acento en el perfil propio de la profesión de los arquitectos, que es la formación académica.
El eje formativo del arquitecto se desarrolla a lo largo de toda su carrera en la actividad proyectual, y comprende el adiestramiento en la toma de decisiones referidas a aspectos tales como la organización del espacio; la respuesta funcional, la significación de la forma, su expresividad y lenguaje, las reglas de la composición, la participación de la historia y la cultura en la determinación de formas y contenidos, la profundización de los modos de vida dentro de un contexto social, la incidencia de lo técnico-constructivo en la concepción y concreción de las formas del proceso proyectual, la conformación del paisaje, en síntesis, la totalización de los aspectos culturales de una época. A lo que en "Arte y Técnica" Lewis Mumford calificó: ...."La arquitectura es el escenario permanente de una cultura, sobre cuyo fondo puede representarse el drama social con la ayuda más completa de los actores"
Esta caracterización de un profesional con formación académica propia, con un título autónomo, como se dijo, preveniente de una facultad autónoma, es lo que tipifica la condición necesaria para acceder a este requerimiento, porque marca un ejercicio profesional distinto al de otras profesiones sin perjuicio, como dije, de un compartido ejercicio de profesiones de acuerdo a expresar normas legales, que hacen que tanto ingenieros como maestros mayores de obra y técnicos estén facultados, como en el caso, por la reforma de la ley 6.075 que modificó el art. 5º de la ley 4.048, a realizar tareas similares.
Como se dijo por los preopinantes, no se trata de regular incumbencias, sino de reconocer una colegiación del ejercicio profesional, pero por supuesto que hay artículos que hacen referencia a incumbencias porque hay una necesidad de adecuar la normativa vigente a la nueva realidad que se desprende con la creación de un nuevo colegio profesional.
De ahí viene la modificación del artículo 75 de este proyecto en tratamiento, donde, por un lado, se ratifica el aspecto constitucional de que es la Nación la que fija las incumbencias del título. Pero esas incumbencias que fijan las autoridades nacionales son genéricas y por eso con criterio federalista debemos tomarlo como que no significa la renuncia dela provincia de Buenos Aires al ejercicio de su poder de policía en cuanto a regular el ejercicio profesional.
Por eso hicimos la modificación del artículo 75, donde comprende la vigencia del orden nacional para determinar incumbencias del título y de la Provincia de regular el ejercicio de las profesiones liberales. La Nación, el título; la Provincia, el ejercicio profesional.
Los fundamentos expuestos eximen de mayores abundamientos. Se ha hecho el análisis técnico jurídico y estructural del proyecto de ley, se efectuaron las consideraciones de tipo constitucional, histórico y de tipo doctrinario.
Nosotros, por otra parte, con nuestro voto favorable, no hacemos más que ratificar lo expresamente establecido en nuestra plataforma partidaria, cuando expresa que una de sus finalidades es el fortalecimiento de las entidades profesionales.
Como cofirmante del proyecto, en base a los argumentos vertidos, pido su aprobación (Aplausos).
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Armendáriz
Sr. Armendáriz.- Sr. Presidente, voy a ser absolutamente breve, porque creo que todos los conceptos que han sido vertidos han sido abundantes, criteriosos y justos, con respecto al proyecto que tenemos en tratamiento.
Quiero referirme, particularmente, más que a ésto, a la inserción de este proyecto en esta nueva democracia que, evidentemente, abandona un acartonado esquema representativo y a través de una legislación como la que nos toca dictar hoy, entre en el esquema de la democracia participativa.
El presente caso es un buen ejemplo de que no existe una intromisión del Estado en el cuerpo profesional, ya que los propios interesados- arquitectos de la Provincia de Buenos Aires-en ejercicio de los derechos que les brinda la democracia, son los legítimos autores de este proyecto, y nosotros somos sus modestos suscriptores.
En el pensamiento político argentino hay una evidente prevención con respecto a las organizaciones intermedias; se habla de "tintes corporativos"e incluso, a veces, de fascismo, y creo que no es así. Me baso para sostener esta posición en la legislación constitucional más moderna, que nadie podrá teñir de estos colores: me refiero a la Constitución española de 1978, que en su artículo 52 reconoce a los cuerpos intermedios y les da categoría institucional. Asimismo, potencia -lo que refuerza nuestro argumento- el amparo y el representante del pueblo, el ombudsman de otras legislaciones. Es decir que esta Constitución, a la par que reconoce a los cuerpos intermedios, que son el nexo entre el individuo y el Estado, establece garantías para el individuo de neto corte democrático.
Quiero recalcar que para el nacimiento de esta institución- tal como lo expresara en una reunión de Comisión- han sido necesarios quince años de lucha de estos profesionales, para que por fin puedan lograr hoy su ley de colegiación. Esto es igualar hacia arriba. Ellos contaban con el artículo 32 de nuestra Constitución provincial, que les daba derecho a exigir esta independencia. pero esta lucha no ha sido en vano y tal como en este caso también lo vamos a receptar en próximas leyes de colegiación que vamos a votar pero siempre cuidando, en forma precisa, de preceptuar -y de ahí mi referencia a la Constitución española de 1978- que la vivencia y el gobierno de estas instituciones sean absolutamente democráticas.
Si las leyes que nosotros votamos resguardan la democracia en el funcionamiento y gobierno de estas instituciones, podemos tener la tranquilidad de que no estamos creando cuerpos seudocorporativos o seudofascistas- sino que estamos dando la participación que necesita el hombre para sus relaciones con el individuo y con el Estado.
Sr. Presidente: por supuesto que luego de estas consideraciones, y como cofirmante del proyecto en tratamiento, me sumo a la solicitud que los sres. Senadores aprueben esta iniciativa.- Aplausos en los palcos.-
Sr. Presidente.- Si ningún otro Senador hace uso de la palabra, se va a votar.
Afirmativa por unanimidad en general y en particular.-
Aplausos prolongados en los palcos.-
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el Sr. Senador D'Agostino
Sr. D'Agostino.- Para satisfacer una inquietud de los arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra que se encuentran en los palcos de este recinto, deseo aclarar que el criterio seguido para el tratamiento de este proyecto va a ser una filosofía de la política legislativa de ambas bancadas, para el análisis de la creación de futuros colegios profesionales. En cada uno de estos casos va a estar abierta la participación de los propios profesionales en esta comisión interdisciplinaria que actuará a medida que se vayan estudiando.
Que todos tengan la tranquilidad y seguridad que los miembros de ambas bancadas vamos a agotar todos los medios para arribar a conclusiones de la mejor certeza, seriedad y seguridad.-
Aplausos en los palcos.-
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el sr. Senador Moure
Sr. Moure.- Atento a lo expresado por el sr. Senador D'Agostino y en virtud de conversaciones mantenidas con anterioridad, debo resaltar que el criterio de nuestra bancada es también coincidente con lo que acaba de expresar el sr. Senador preopinante. Este Honorable Senado entendió el espíritu de estas iniciativas tal como lo indicó el sr. Senador D'Agostino y, por consiguiente, nosotros vamos a dar aprobación también a este criterio.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.-
Aplausos prolongados en los palcos.-

LEY 10.405

TITULO I
DE LOS ARQUITECTOS

CAPITULO I
EJERCICIO PROFESIONAL. REQUISITOS

Art. 1.- El ejercicio de la profesión de arquitecto queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y a su reglamentación.

Art. 2.- Para ejercer la profesión de arquitecto en el territorio de la Provincia se requiere:
1) Poseer título universitario de arquitecto o, en su defecto título revalidado ante las autoridades universitarias nacionales.
2) Estar inscripto en la correspondiente matrícula que estará a cargo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
3) Abonar la cuota de colegiación que para cada período anual se establezca.-

Art.3.- A los fines de esta ley se considera ejercicio profesional, toda actividad técnica, científica o artística, pública o privada, que importe, conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas:
1) El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que impliquen o requieran los conocimientos del Arquitecto.
2) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas, o nombramientos judiciales o administrativos, que impliquen o requieran los conocimientos propios del Arquitecto.
3) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, plano, estudio o informe pericial, sobre asuntos de arquitectura o urbanismo.
4) La investigación, experimentación, realización de ensayos y divulgación técnica o científica, sobre asuntos de arquitectura o urbanismo.

Art. 4.- El ejercicio de la profesión de arquitecto implica sin excepción alguna la actuación personal, prohibiéndose en consecuencia la cesión del uso del título o firma profesional.

Art.5.- En todos los casos de ejercicio de la profesión deberá enunciarse con precisión el título de arquitecto excluyendo toda posibilidad de error o duda al respecto. Considérase como uso del título el empleo de términos, leyendas, insignias, emblemas, dibujos y demás expresiones de las que pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.

Art. 6.- Toda empresa que se dedique a la ejecución de trabajos, ya sean estos públicos o privados, atinentes a lo determinado en la presente ley, contará con un representante técnico de profesión arquitecto que deberá reunir los requisitos exigidos en el artículo 2º, u otros profesionales y/o técnicos habilitados por otras normas legales vigentes para la cumplimentación de la función.

CAPITULO II
DE LA INSCRIPCION EN LA MATRICULA

Art. 7.- La inscripción en la matrícula se efectuará a solicitud del interesado, quien deberá dar cumplimiento a los requisitos que a continuación se determinan:
1) Acreditar identidad.
2) Presentar título universitario habilitante
3) Declarar domicilio real y domicilio profesional, este último en jurisdicción provincial.
4) Declarar no estar afectado por las causales de inhabilitación para el ejercicio profesional numeradas en el artículo 8.

Art. 8.- Están inhabilitados para el ejercicio profesional:
1) Los condenados criminalmente por la Comisión de delitos de carácter doloso.
2) Todos aquellos condenados a penas de inhabilitación profesional.
3) Los fallidos o concursados mientras no fueran rehabilitados.
4) Los excluidos definitivamente o suspendidos del ejercicio profesional por otros Colegios de Arquitectos, en virtud de sanción disciplinaria y mientras dure la misma.

Art. 9.- El Colegio verificará si el arquitecto reúne los requisitos exigidos para su inscripción, en caso de comprobarse que no se reúnen los mismos, el Consejo Superior rechazará la petición. Efectuada la inscripción, el Colegio devolverá el diploma y expedirá de inmediato un certificado habilitante.

Art.10º.- Son causas para la cancelación de la inscripción en la matrícula:
1) Enfermedad física o mental que inhabilite para el ejercicio de la profesión.
2) Muerte del profesional;
3) Inhabilitación permanente o transitoria, mientras dure, emanada del Tribunal de Disciplina;
4) Inhabilitación permanente o transitoria, mientras dure, emanada de sentencia judicial.
5) Solicitud del propio interesado por la radicación o ejercicio profesional fuera de la jurisdicción provincial.
6) Inhabilitaciones o incompatibilidades previstas por esta ley.

Art. 11.- El Arquitecto cuya matrícula haya sido cancelada podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Consejo Superior haber desaparecido las causales que motivaron la cancelación.

Art.12.- La decisión de cancelar la inscripción en la matrícula será tomada por el Consejo Superior mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros que lo componen.
Esta medida será impugnable mediante recurso de revocatoria interpuesto ante el mismo Consejo Superior dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificada la decisión atacada. En caso de que fuera desestimada, podrá recurrirse en apelación ante la Cámara de Apelacines en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la correspondiente resolución, aplicándose el procedimiento establecido por el Decreto ley 9398/79, modificado por su similar 9671/81, o el que en el futuro lo modificare o sustituyere.

Art. 13.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley los arquitectos podrán ejercer libremente el derecho de asociarse y agremiarse con fines útiles.

CAPITULO III
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ARQUITECTOS

Art. 14.- Son deberes y derechos de los arquitectos colegiados:
1) Ser defendido a su pedido y previa consideración de los organismos del Colegio, en todos aquellos casos en que sus intereses profesionales, en razón del ejercicio de su actividades, fueran lesionados.
2) Proponer por escrito a las autoridades del Colegio las iniciativas que consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento institucional.
3) Utilizar los servicios y dependencias que para beneficio general de sus miembros, establezca el Colegio.
4) Comunicar dentro de los treinta (30) días de producido, todo cambio de domicilio real o profesional
5) Emitir su voto en las elecciones y ser electo para desempeñar cargos en los órganos directivos del Colegio.
6) Denunciar al Consejo Directivo o Consejo Superior, los casos de su conocimiento que configuren ejercicio ilegal de la profesión.
7) Colaborar con el Colegio en el desarrollo de su cometido, contribuyendo al prestigio y progreso de la profesión.
8) Satisfacer con puntualidad las cuotas de colegiación a que obliga la presente ley.
9) Cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio profesional, como también las reglamentaciones internas, acuerdos y resoluciones emanadas de las autoridades del Colegio.
10) Integrar las Asambleas y concurrir con voz a las sesiones del Consejo Directivo de Distrito y del Consejo Superior siempre que estas sesiones no sean declaradas secretas por el voto de los dos tercios de sus miembros.
11) Comparecer ante las autoridades del Colegio cuando le sea requerido.

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO

Art.15: Es obligación del Colegio fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión de arquitecto y el decoro profesional, a cuyo efecto se le confiere poder disciplinario para sancionar transgresiones a la ética profesional, sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente a los poderes públicos. La potestad disciplinaria del Colegio, de la que trata el presente artículo, será ejercida por medio de su Tribunal de Disciplina.

Art.16.- Los arquitectos colegiados conforme a esta ley quedan obligados a la observancia de sus disposiciones, de las normas de ética profesional, y sujetos a la potestad disciplinaria del Colegio por las siguientes causas:
1) Condena criminal por delito doloso común o culposo profesional o sancionado con las accesorias de inhabilitación profesional
2) Violación de las disposiciones de esta ley, de su reglamentación o del Código de Etica Profesional.
3) Retardo, negligencias frecuentes, ineptitud manifiesta u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales.
4) Infracción manifiesta o encubierta de las normas referentes a aranceles y honorarios, conforme a lo prescripto en la presente u otras leyes.
5) Violación del régimen de incompatibilidad establecido por esta ley.
6) Toda acción o actuación pública o privada que, no encuadrando en las causales prescriptas precedentemente, comprometa el honor y la dignidad de la profesión.

Art. 17: Las sanciones disciplinarias son:
1) Advertencia privada ante el Tribunal de Disciplina, o advertencia en presencia del Consejo Superior.
2) Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior.
3) Censura pública a los reincidentes de las sanciones precedentes.
4) Multa de hasta treinta (30) veces el importe de la cuota de matriculación.
5) Suspensión de hasta dos años en el ejercicio de la profesión.
6) Cancelación de la matrícula.
Art.18.- Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas por el artículo anterior, el matriculado hallado culpable podrá ser inhabilitado, temporaria o definitivamente, para formar parte de los órganos de conducción del Colegio.
Art. 19.-Las sanciones previstas en el art. 17, incisos 4),5) y 6) se aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de por lo menos cuatro (4) de sus miembros y serán apelables por ante la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de la Plata, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la sanción al matriculado, aplicándose el procedimiento establecido por el Decreto ley 9398/79, modificado por su similar 9671/81, o el que en el futuro lo modificare o sustituyere.

Art. 20.- El Consejo Directivo del Distrito resolverá ante la comunicación de irregularidades cometidas por un colegiado si cabe instruir proceso disciplinario. En caso afirmativo remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina.

Art. 21.- El Tribunal de Disciplina dará vista de las actuaciones instruidas al imputado, emplazándolo en el mismo acto para que presente pruebas y alegue su defensa dentro de los treinta (30) días corridos, a contar desde el día siguiente al de su notificación. Producidas las pruebas y presentada la defensa, el Tribunal resolverá la causa dentro de los sesenta (60) días corridos y comunicará su decisión al Consejo Superior para su conocimiento y ejecución de la sanción correspondiente. Toda resolución del Tribunal deberá ser siempre fundada.

Art. 22.- En el supuesto caso de que la sanción recaída sea la cancelación de la matrícula, el profesional no podrá solicitar su reinscripción hasta que haya transcurrido el plazo que al efecto determine la reglamentación, plazo que no podrá exceder de diez (10) años.

Art. 23.- Las acciones disciplinarias se prescriben a los dos (2) años de haberse tomado conocimiento del hecho que dé lugar a la sanción. La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario.

Art.24.- El Tribunal podrá ordenar de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias, pudiendo requerir informes a las reparticiones públicas y entidades privadas. Mantendrá el respeto y decoro debidos durante el procedimiento, estando facultado para sancionar con pena de multa a los matriculados que no lo guarden o entorpecieren. El monto de la multa lo fijará en atención al caso particular, pero no podrá exceder del equivalente a la cuota de matriculación.

TITULO II
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CAPITULO I
CARACTER Y ATRIBUCIONES

Art. 25.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que se crea por la presente ley, tendrá carácter de persona jurídica de derecho público no estatal y asiento en la ciudad de La Plata.

Art. 26.-El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires tendrá exclusivamente los siguientes deberes y atribuciones:
1) Ejercer el gobierno de la matrícula de los arquitectos habilitados para actuar profesionalmente en el ámbito de la Provincia.
2) Realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades.
3) Entender en todo lo concerniente al ejercicio ilegal de la profesión de arquitecto, arbitrando en su caso, las medidas conducentes para hacer efectiva la defensa de la profesión o de los colegiados
4) Ejercer el poder disciplinario sobre los colegiados y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.
5) Dictar el Código de Etica profesional y el Reglamento interno.
6) Propiciar las reformas que resulten necesarias a toda norma que haga al ejercicio profesional.
7) Asesorar a los poderes públicos, en especial a las reparticiones técnicas oficiales, en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión de arquitecto.
8) Asesorar al Poder Judicial acerca de la regulación de los honorarios profesionales, por la actuación de arquitectos en peritajes judiciales o extrajudiciales.
9) Colaborar con las autoridades universitarias en la elaboración de planes de estudio, estructuración de la carrera de arquitectura y urbanismo y, en general, en todo lo relativo a la delimitación de los alcances del título profesional
10) Realizar arbitrajes entre comitentes y profesionales, o entre estos últimos, como también contestar toda consulta que se le formule.
11) Representar a los arquitectos de la Provincia ante las entidades públicas y privadas.
12) Ejercer la defensa y protección de los arquitectos en cuestiones relacionadas con la profesión y su ejercicio.
13) Velar por el cumplimiento de las normas para la regulación de concursos de arquitectura y urbanismo.
14) Integrar organismos profesionales, provinciales y nacionales, como así mantener vinculación con instituciones del país y del extranjero, en especial con aquéllas de caracter profesional o universitario.
15) Promover el desarrollo social, estimular el progreso científico y cultural, la actualización y perfeccionamiento, la solidaridad y cohesión de los arquitectos, como así también la defensa y el prestigio profesional de los mismos
16) Promover y participar con delegados o representación en reuniones, conferencias o congresos.
17) Propender al logro de los beneficios inherentes a la seguridad social de los colegiados.
18) Establecer el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional.
19) Fundar y mantener bibliotecas, con preferencia de material referente a la profesión, como así editar publicaciones de utilidad profesional
20) Proponer el régimen de aranceles y honorarios para el ejercicio profesional y gestionar su aprobación por los poderes públicos.
21) Emitir opinión y formular propuestas sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de la actividad profesional y con el análisis de los problemas del medio y de la comunidad.
22) Realizar toda otra actividad vinculada con la profesión.

Art.27.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires estará organizado sobre la base de Colegios de Arquitectos de Distrito, los que se ajustarán para su funcionamiento a las normas, delimitación de atribuciones y jurisdicciones territoriales que les fije la presente ley.

Art.28.-El Colegio de Arquitectos podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando mediare causal grave debidamente documentada y al solo efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable de noventa (90) días. La resolución que ordene la intervención deberá ser fundada. La designación de interventor deberá recaer en un arquitecto matriculado en la Provincia. Si la reorganización no se realizara en el plazo indicado precedentemente, cualquier colegiado podrá accionar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para que ésta disponga la reorganización dentro del término de treinta (30) días.

Art. 29.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia podrá intervenir a cualquier Colegio de Distrito, cuando advierta que interviene en cuestiones notoriamente ajenas a las específicas y exclusivas que la presente ley le asigna, o no hace cumplir las mismas. La intervención se realizará al solo efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días.

Art.30.- El Colegio de Arquitectos tiene capacidad legal para adquirir bienes y enajenarlos a título gratuito u oneroso, aceptar donaciones o legados, contraer préstamos comunes, prendarios o hipotecarios ante instituciones públicas o privadas, celebrar contratos, asociarse con fines útiles con otras entidades de la misma naturaleza y ejecutar toda clase de actos jurídicos que se relacionen con los fines de la institución.

CAPITULO II
AUTORIDADES DEL COLEGIO

Art.31.- Son órganos directivos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires:
1) La Asamblea
2) El Consejo Superior
3) El Tribunal de Disciplina

CAPITULO III
DE LA ASAMBLEA

Art. 32) La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio. Estará integrada por los miembros titulares de los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito, quienes tendrán voz y voto según la siguiente escala:
1) Distritos de hasta quinientos (500) matriculados, un voto por representante.
2) Distritos de quinientos (500) a mil (1.000) matriculados, dos votos por representante.
3) Distritos de más de mil (1.000) matriculados, tres votos por representante.
Ante la imposibilidad fundada de participación en la Asamblea de los miembros titulares, cada Colegio de Distrito podrá incorporar a los suplentes que corresponda.
La Asamblea será presidida por el presidente del Colegio el que sólo tendrá voto en caso de empate.

Art.33.- En las Asambleas podrán participar con voz, pero sin voto, todos los profesionales matriculados en la Provincia, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos de colegiados.

Art.34.- Las Asambleas podrán ser de carácter ordinario o extraordinario y deberán ser convocados con, por lo menos treinta (30) días de anticipación. En todos los casos deberá establecerse el orden del día para el cual fuere citada y hecho conocer con la misma anticipación. En las Asambleas sólo podrán ser tratados los temas incluidos en el orden del día, no siendo válidas las resoluciones que se adopten en cuestiones no incluidas.
En las Asambleas se llevará un libro en el que se registrará la firma de los asistentes.

Art.35.- La Asamblea Anual Ordinaria se reunirá una vez cada año, en el lugar, fecha y forma que determine el reglamento, para tratar todas las cuestiones de competencia del Colegio incluidas en el orden del día. El año que corresponda renovar autoridades, habrá de incluirse la correspondiente convocatoria.

Art. 36.- Las Asambleas -Ordinarias y Extraordinarias- sesionarán con la presencia de representantes que reúnan por lo menos, dos tercios de los votos según lo previsto en el artículo 32. Serán válidas las resoluciones que se adopten por simple mayoría de votos, salvo que por ley se determine un porcentaje mayor. Los integrantes de la Asamblea que no concurran, sin causa debidamente justificada, se harán pasibles de las sanciones que determine el reglamento.

Art. 37.- Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas:
1) Por el Consejo Superior
2) Por pedido expreso de, por lo menos tres (3) Consejos Directivos de Distrito.
3) Por pedido expreso de, por lo menos el cinco (5) por ciento de los profesionales matriculados en el Colegio.

CAPITULO IV
DEL CONSEJO SUPERIOR

Art. 38.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia será conducido por un Consejo Superior integrado por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, cinco (5) Vocales Titulares y cinco (5) Suplentes. Los cuatro (4) mencionados en primer término constituirán la Mesa Ejecutiva.

Art. 39.- Los miembros de la Mesa Ejecutiva serán elegidos por el voto directo de todos los colegiados que figuren en el padrón electoral provincial. Los Vocales titulares y suplentes serán elegidos por el voto directo de los colegiados inscriptos en los Colegios Distritales, a razón de un (1) Vocal titular o suplente por cada Distrito. En la primera elección, los vocales titulares corresponderán a los Distritos de numeración impar y los suplentes a los de numeración par, alternándose las titularidades y suplencias en los períodos subsiguientes.

Art. 40.- Los integrantes del Consejo Superior durarán tres (3) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por dos períodos consecutivos, y sin limitación en períodos alternados.

Art. 41.- El Consejo Superior deberá sesionar, por lo menos, una vez cada mes, con excepción del mes de receso del Colegio, determinado por el Consejo en su primera reunión. El quórum para sesionar válidamente será de la mitad más uno de sus miembros titulares; sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes, salvo la decisión de intervenir un Colegio de Distrito, que deberá adoptarse por una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo. En todos los casos, existiendo empate el Presidente tendrá doble voto.

Art. 42.- El Consejo Superior sesionará regularmente en la sede del Colegio, pero circunstancialmente, podrá hacerlo también en otro lugar de la Provincia, con citación especial y dejando constancia de ello.

Art. 43.- El Consejo Superior es el órgano ejecutivo y de gobierno del Colegio, lo representa en sus relaciones con los colegiados, los terceros y los poderes públicos.

Art. 44.- Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:
1) Resolver las solicitudes de inscripción en la matrícula.
2) Atender la vigilancia y registro de las matrículas.
3) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión de arquitecto.
4) Cumplir y hacer cumplir esta ley y toda norma reglamentaria que en su consecuencia se dicte.
5) Convocar a las Asambleas y fijar el Orden del Día; cumplir y hacer cumplir las decisiones de aquéllas.
6) Intervenir los Colegios de Distrito en los casos previstos en el artículo 29.
7) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las transgresiones a la ley, su reglamentación o normas complementarias dictadas en su consecuencia, así como solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar y ejecutar las mismas formulando las comunicaciones que corresponda.
8) Administrar los bienes del Colegio y proyectar el presupuesto anual del Colegio Provincial y de los Colegios de Distrito.
9) Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos y, en general realizar todo acto jurídico relacionado con los fines de la institución.
10) Enajenar los bienes inmuebles y muebles registrables del Colegio, o constituir derechos reales sobre los mismos, "ad referéndum" de la Asamblea.
11) Representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades públicas o privadas, adoptando las disposiciones necesarias para asegurarles el ejercicio de la profesión.
12) Proyectar las normas previstas en el artículo 26, incisos 5) y 6) y elevarlas a la aprobación de la Asamblea.
13) Establecer el monto y la forma de hacer efectivas las cuotas de matriculación y de ejercicio profesional "ad referéndum" de la Asamblea.
14) Establecer el plantel básico de personal del Colegio de la Provincia y de los Colegios de Distrito, nombrar, remover y fijar la remuneración del personal del Colegio y establecer sus condiciones de trabajo.
15) Contratar los servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución, como así convenir sus honorarios.
16) Propiciar las medidas y normas tendientes a obtener los beneficios de la seguridad social para los colegiados, como así gestionar créditos para el mejor desenvolvimiento de la profesión.
17) Expedir los mandatos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución.
18) Proponer modificación al régimen de aranceles y honorarios de los arquitectos y gestionar su aprobación por los poderes públicos.
19) Proponer las retribuciones de las autoridades del Colegio Provincia y de los Colegios de Distrito.
20) Intervenir a solicitud de parte en todo diferendo que surja entre colegiados o entre éstos y sus clientes, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la justicia.
21) Celebrar convenios con las autoridades administrativas o con Instituciones similares en el cumplimiento de los objetivos del Colegio.-
22) Designar y remover delegados para reuniones, congresos o conferencias, así como los miembros de las comisiones internas del Colegio.
23) Editar publicaciones y fundar y mantener bibliotecas, con preferencia de material referente a la profesión de arquitecto.
24) Otorgar subsidios.
25) Toda otra función administrativa que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.

Art. 45.- Para ser miembro del Consejo Superior se requiere:
1) Acreditar una antiguedad mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión en la Provincia de Buenos Aires.
2) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del colegiado.

CAPITULO V
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Art.46.- El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes, que serán elegidos simultáneamente con el Consejo Superior de la misma forma durarán tres (3) años en sus funciones y podrán ser reelectos.

Art. 47.- Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requerirán diez (10) años del ejercicio profesional y hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del colegiado, no pudiendo sus integrantes formar parte del Consejo Superior ni de los Consejos Directivos de Distrito.

Art.48.- El Tribunal de Disciplina sesionará válidamente con la presencia de no menos de cuatro (4) de sus miembros. Al entrar en funciones el Tribunal designará de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. Deberá sesionar asistido por un Secretario ad-hoc, con título de abogado.

Art. 49.- Los miembros del Tribunal de Disciplina deberán excusarse y podrán a su vez ser recusados, cuando concurrieren en lo aplicable cualesquiera de las causales prevista en el artículo 22 del Código de Procedimiento en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Art.50.- En caso de recusación, excusaciones o licencias de los miembros titulares serán reemplazados provisoriamente por los suplentes, en el orden establecido. En caso de vacancia definitiva, el suplente que corresponda en el orden de la lista se incorporará al cuerpo con carácter de permanente.

Art.51.- Las decisiones del Tribunal serán tomadas por simple mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el voto del Presidente será considerado doble a ese sólo efecto.

CAPITULO VI
DEL REGIMEN ELECTORAL

Art. 52.- La elección de las autoridades del Colegio se realizará cada tres (3) años, con una anticipación no mayor de quince (15) días a la fecha fijada para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria. El Consejo Superior convocará a elecciones con una anticipación no menor a treinta (30) días de la fecha fijada para el acto eleccionario, especificando los cargos a cubrir y las disposiciones reglamentarias que regirán el mismo. El acto eleccionario se realizará en forma simultánea en todos los Distritos, debiendo votar los matriculados en listas separadas a los candidatos a integrar el Consejo Superior, el Tribunal de Disciplina y los Consejos Directivos de Distrito.

Art. 53.- Las listas que habrán de participar en la elección estarán compuestas por un número de candidatos igual al número de cargos a cubrir y deberán ser oficializadas ante la Junta Electoral Provincial, hasta veinte (20) días antes de la fecha fijada para el acto. Las listas deberán estar avaladas con las firmas de sus integrantes y patrocinadas por un número no inferior a cien (100) matriculados en condiciones de votar, las listas provinciales; y por lo menos de veinte (20) matriculados en las mismas condiciones, las listas de Distrito.

Art.54.- El voto será secreto y obligatorio, debiendo emitirse personalmente en los lugares establecidos por la Junta Electoral Provincial, por todos los matriculados en condiciones de votar. Aquellos matriculados que no cumplieran con la obligación de emitir su voto, sin causa debidamente justificada, serán sancionados con una multa que al efecto fijará el Consejo Superior con anterioridad al acto.

Art. 55.- Simultáneamente con el llamado a elecciones, el Consejo Superior designará a tres (3) matriculados quienes conjuntamente con los apoderados de las listas participantes en el acto, compondrán la Junta electoral Provincial, la que tendrá por misión:
1) Designar los miembros de las Juntas Electorales de Distrito.
2) Organizar todo lo atinente al acto electoral y fijar las normas a que habrán de adecuarse las Junta Electorales de Distrito.
3) Recibir las actas que se confeccionen en cada Distrito, con el escrutinio de los votos emitidos, a efectos del cómputo general.
4) Labrar un acta del resultado obtenido por las listas para la elección de autoridades, a efectos de elevarla a la Asamblea Anual ordinaria, para la proclamación oficial de los electos.

Art. 56.- Serán funciones delas Juntas Electorales de Distrito, las siguientes:
1) Organizar todo lo atinente al acto electoral en el Distrito
2) Controlar la emisión y recepción de los votos, como así el normal desarrollo del acto.
3) Realizar el escrutinio de los votos emitidos
4) Labrar un acta del resultado obtenido por cada una de las listas y elevarla a la Asamblea Ordinaria del Distrito, a efectos de la proclamación de los electos para integrar el Consejo Directivo.
5) Remitir el acta a la Junta Electoral Provincial.

Art. 57.- A fin de establecer el resultado final del acto electoral, las Juntas Electorales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones generales:
1) La elección de miembros del Consejo Superior, Tribunal de Disciplina y Consejo Directivo se realizará en listas separadas, debiendo computarse los votos obtenidos en forma independiente.
2) Las tachaduras, enmiendas y reemplazos de los nombres de los candidatos carecen de valor y no invalidan el voto.
3) En la elección del Consejo Superior, la lista que logre el mayor número de votos, obtendrá la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva. Los cargos de vocales titulares o suplentes serán asignados a los candidatos más votados de cada Distrito.
4) En la elección del Tribunal de Disciplina los cargos serán asignados por el sistema de representación proporcional a los votos obtenidos por las listas intervinientes.
5) En la elección del Consejo Directivo de Distrito la lista que logre el mayor número de votos obtendrá la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva, los cargos de vocales titulares y suplentes serán asignados por el sistema previsto en el inciso cuatro (4).
6) En los casos de representación proporcional los cargos obtenidos por cada lista se llenarán con los candidatos en el orden de colocación establecido en la lista oficializada, a cuyo efecto el candidato a Presidente de una lista perdidosa se considerará como primer candidato a vocal de su lista y así sucesivamente.

CAPITULO VII
DEL REGIMEN FINANCIERO

Art. 58.- El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires tendrá como recursos para atender las erogaciones propias de su funcionamiento, así como el de los Colegios de Distrito, los siguientes:
1) El derecho de inscripción o de reinscripción en la matrícula.
2) La cuota por ejercicio profesional, cuyo monto y forma de percepción determinará el Consejo Superior "ad referendum"de la Asamblea.
3) El importe de las multas que aplique el Tribunal de Disciplina, por trasgresiones a la presente ley, su reglamentación o sus normas complementarias.
4) Los ingresos que perciba por servicios prestados de acuerdo a las atribuciones que esta ley le confiere.
5) Las rentas que produzcan sus bienes, como así el producto de sus ventas.
6) Las donaciones, subsidios, legados y el producto de cualquier otra actividad lícita que no se encuentre en pugna con los objetivos del Colegio.

Art. 59.- Los fondos del Colegio serán depositados en cuentas bancarias, abiertas al efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del Presidente y Tesorero en forma conjunta, preferentemente en cuentas especiales de ahorro o títulos de la deuda pública, con el objeto de lograr los mayores beneficios.

Art.60.- El Consejo Superior determinará la forma de percepción y la distribución de los fondos, entre el Colegio Provincial y los Colegios de Distrito, de acuerdo al presupuesto sancionado por la Asamblea.

TITULO III
DE LOS COLEGIOS DE DISTRITO

CAPITULO I
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES

Art. 61.- Los Colegios de Distrito desarrollarán las actividades que por este Capítulo se les encomienda así como aquéllas que expresamente les delegue el Consejo Superior en el ejercicio de sus facultades.

Art.62.- Corresponde a los Colegios de Distrito:
1) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente ley que no hubieran sido atribuidas expresamente al Consejo Superior y al Tribunal de Disciplina.
2) Ejercer el contralor de la actividad profesional en el Distrito, cualquiera sea la modalidad de trabajo y en cualquier etapa del mismo.
3) Verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal de Disciplina.
4) Responder a las consultas que le formulen las entidades públicas o privadas del Distrito acerca de asuntos relacionados con la profesión, siempre que las mismas no sean de competencia del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, en este supuesto deberá girárselas al Consejo Superior.
5) Elevar al Consejo Superior todos los antecedentes de las faltas y violaciones a la ley, su reglamentación o las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, en que hubiere incurrido o se le imputaren a un colegiado de Distrito.
6) Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional o al mejor cumplimiento de la presente ley.
7) En general y en sus respectivas jurisdicciones, con las limitaciones propias de su competencia, los contenidos en el artículo veintiséis (26) incisos 2), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 19) y 21).
8) Proyectar el presupuesto anual para el Distrito y someterlo a la aprobación del Consejo Superior.
9) Celebrar convenios con los poderes públicos del Distrito con el previo conocimiento y autorización del Consejo Superior.
10) Organizar cursos, conferencias, muestras, exposiciones y toda otra actividad social, cultural y técnico-científica, para el mejoramiento intelectual y cultural de los arquitectos y de la comunidad.
11) Establecer delegaciones con sus jurisdicciones, de acuerdo con las normas que fije el Consejo Superior.

CAPITULO II
AUTORIDADES

Art. 63.- Son órganos directivos de los colegios de Distrito:
1) La Asamblea de Colegiados del Distrito
2) El Consejo Directivo

CAPITULO III
DE LA ASAMBLEA DE COLEGIADOS

Art. 64.- La Asamblea es la autoridad máxima del colegio de Distrito, pudiendo integrarla todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos como tales, con domicilio profesional en el Distrito. Las Asambleas pueden ser de carácter ordinario o extraordinario y deberán convocarse con por lo menos, quince (15) días de anticipación, explicitando el orden del día a tratar.

Art. 65.- La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez cada año en la fecha y forma que determine el Reglamento Interno del Colegio de Arquitectos de la Provincia. En las Asambleas sólo podrán tratarse los temas incluidos en el Orden del Día.

Art .66.- La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de, por lo menos, un tercio de los colegiados con domicilio profesional en el Distrito, en primera citación. Una hora después de la fijada para la primera citación, se constituirá válidamente con el número de colegiados presentes. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos.

Art. 67.- Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas:
1) Por el Consejo Directivo
2) Por el Consejo Superior, en el caso de acefalía o de intervención al Colegio de Distrito.
3) Por pedido expreso de un número no inferior a un quinto de los colegiados del Distrito.

Art. 68.- En las Asambleas Extraordinarias serán de aplicación en lo pertinente las disposiciones de los artículos 65 y 66.

CAPITULO IV
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 69.- Los colegios de Distrito serán dirigidos por un Consejo Directivo integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro vocales titulares y cuatro suplentes. Los tres primeros constituirán la Mesa Directiva del Colegio de Distrito.

Art. 70.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá:
1) Tres años de antigüedad mínima en el ejercicio profesional en la Provincia.
2) Una antigüedad mínima de dos años de domicilio en el Distrito.
3) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del Colegiado.

Art. 71.- Los consejeros del Distrito durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por dos períodos consecutivos y sin limitación en períodos alternados.

Art. 72.-El Consejo Directivo de Distrito sesionará cuanto menos una vez por mes, con excepción del mes de receso establecido por el Consejo Superior. El quorum para sesionar válidamente será de por lo menos cuatro consejeros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

TITULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPITULO UNICO

Art. 73.- Los Colegios de Arquitectos Distritales tendrán la siguiente competencia territorial:
. El Distrito I comprenderá los partidos de: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Dolores, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La Plata, Magdalena, Monte, Pila, Punta Indio, San Vicente y Tordillo.
. El Distrito II comprenderá los partidos de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.
. El Distrito III comprenderá los partidos de: Ituzaingó , Hurlingham,La Matanza, Merlo, Moreno y Morón.-
. El Distrito IV comprenderá los partidos de: General Sarmiento, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
. El Distrito V comprenderá los partidos de: Alberti, Arrecifes, Baradero, Bragado, Campana, Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, Escobar, General Rodríguez, Las Heras, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, 25 de Mayo y Zárate.
. El Distrito VI comprenderá los partidos de: Baradero, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Colón, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro
. El Distrito VII comprenderá los partidos de: Adolfo Alsina, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Caseros, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Irigoyen, 9 de Julio, Pellegrini, Pehuajó, Rivadavia, Salliqueló, Tres Lomas y Trenque Lauquen.
. El Distrito VIII comprenderá los siguientes partidos: Ayacucho, Azul, General Alvear, General Lamadrid, Juárez, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Saladillo, Tandil y Tapalqué.
. El Distrito IX los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, La Costa, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano y Villa Gesell.
. El Distrito X comprenderá los partidos de: Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, González Chavez, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.

Art. 74.- Los Colegios de Arquitectos Distritales tendrán su asientos en las localidades que se mencionan a continuación:
) El Distrito I en La Plata.
) El Distrito II en Lomas de Zamora
) El Distrito III en Morón
) El Distrito IV en San Martín
) El Distrito V en Mercedes
) El Distrito VI en Pergamino
) El Distrito VII en Pehuajó
) El Distrito VIII en Azul
) El Distrito IX en Mar del Plata
) El Distrito X en Bahía Blanca

TITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO UNICO

Art. 75.- Dentro de los treinta (30) días de publicada la presente ley el Poder Ejecutivo designará una Junta Electoral integrada por tres (3) representantes de la Federación de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, un (1) representante del Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires y un (1) representante del Ministerio de Gobierno, que la presidirá. La Junta Electoral tendrá como misión confeccionar el padrón electoral y convocar a elecciones dentro del término de sesenta (60) días de su designación. La imposibilidad de construir algún Distrito no será impedimento para el funcionamiento del Colegio.

Art. 76.- Hasta tanto encuentre sanción legal definitiva la delimitación precisa de las incumbencias entre los profesionales comprendidos en las leyes 4048/29 y 6075/59, se constituirán Comisiones Interprofesionales, integradas por tres (3) representantes del Colegio de Arquitectos y tres (3) representantes del Colegio de la otra profesión involucrada. Dichas Comisiones estarán encargadas de dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio compartido de las profesiones, así como .todo otro asunto de interés común. En caso de no llegarse a un acuerdo en el seno dela Comisión resolverá en definitiva el Poder Ejecutivo provincial. Esta Comisión se constituirá dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades de los distintos Colegios que la integran.

Art. 77.- Dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires surgidas dela primera elección se constituirá una Comisión Interprofesional, integrada por tres (3) representantes de dicho Colegio y tres (3) representantes del Consejo Profesional de la Ingeniería. La misma deberá determinar dentro de los noventa (90) días de constituida la parte proporcional del patrimonio y personal permanente del Consejo Profesional de la Ingeniería que será transferido al Colegio de Arquitectos. Se entiende por parte proporcional la relación entre el número de arquitectos matriculados actualmente y el total de los inscriptos en el Consejo Profesional de la Ingeniería, promediándolos con los existentes dentro de los diez (10) años anteriores a la vigencia de esta ley. Las discrepancias en materia patrimonial se resolverán por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder. El personal trasferido tendrá continuidad en su situación laboral a partir de sancionada la presente ley. Los casos particulares que no logren resolverse en el marco de las disposiciones de la presente ley serán resueltos por la Subsecretaría de Trabajo con la intervención de la entidad con personería gremial representativa de la actividad.

Art. 78.- A partir dela vigencia de la presente ley, los fondos que ingresen al Consejo Profesional de la Ingeniería (ley 5140) provenientes de cualquier concepto aportados por los arquitectos, serán transferidos al Colegio de Arquitectos instituido por esta ley, dentro del plazo de quince (15) días de su percepción.

Art. 79.- Los arquitectos en la Provincia de Buenos Aires siguen manteniendo las obligacion